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Ministerio Público y la Policía allanan vivienda y oficina de Vladimir Cerrón en Huancayo

Esta mañana, fiscales y agentes de la Policía ingresaron simultáneamente a la vivienda y a la oficina del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ubicadas en la ciudad de Huancayo. La medida se realiza por disposición judicial.

Ministerio Público y la Policía allanan vivienda y oficina de Vladimir Cerrón en Huancayo

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Viernes 27 de mayo del 2022

El fiscal de lavado de activos Richard Rojas allana la casa de Vladimir Cerrón y una oficina vinculada al líder de Perú Libre en Huancayo. La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos tiene a su cargo el caso de presunto lavado de activos vinculado al financiamiento de las campañas de Perú Libre, investigación que alcanza a la cúpula del partido.

La mañana de hoy, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron la casa y la oficina del fundador de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, en la ciudad de Huancayo. Las diligencias simultáneas se realizaron en la vivienda ubicada en el barrio de La Rivera, y en la oficina ubicada en el edificio Breña.

Respecto a la oficina, el allanamiento se realizó exactamente en el interior 225 ubicado en el tercer piso del edificio que se encuentra en el cruce de las calles Paseo La Breña y Real en la referida ciudad. En dicho inmueble, agentes de la Policía, de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y de la Fiscalía iniciaron la diligencia aproximadamente a las 9am.

Dichas intervenciones fueron dispuestas por el juez John Pillaca del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por requerimiento del fiscal Richard Rojas de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

El magistrado autorizó el "allanamiento, registro domiciliario, personal, incautación de bienes y descerraje" en los inmuebles de la urbanización La Rivera, de propiedad de Vladimir Cerrón según se lee en la disposición judicial, y en el de calle Paseo La Breña, que sería de propiedad de Reynaldo Misayauri Cañari, según señala el documento.

La fiscalía sostiene que en 2008, Cerrón habría iniciado no sólo su campaña política, sino también la creación de una presunta organización criminal al interior de Perú Libre, “además de la ejecución de diversos actos criminales para sustentar la creación, mantenimiento y campañas políticas propias de las actividades de dicho partido”.

La medida tiene como finalidad "hallar información financiera contable" en dispositivos de almacenamiento electrónicos o de cómputo "vinculados a las actividades criminales previas y relacionadas al delito de lavado de activos ejecutadas por los miembros de la presunta organización criminal" que se habría conformado dentro de Perú Libre "entre los años 2008 al 2021".

Otra finalidad es hallar información, en documentos y otros objetos relacionados, sobre el aporte de dinero y sobre el patrimonio adquirido y utilizado dentro de las campañas políticas de Perú Libre y sus miembros en el referido periodo.

Rechazan medida

Cerrón, quien se reunió el jueves con el presidente Pedro Castillo, se pronunció en sus redes sociales para rechazar la diligencia de allanamiento.

"Fiscalía allana por segunda vez mi domicilio en ausencia de sus propietarios y una oficina de la que no soy dueño y ellos lo saben porque los propietarios se lo demostraron así en el primer allanamiento", refirió en un tweet. Además, calificó la medida como un "abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente".

Como se sabe, personal del Ministerio Público y la PNP realizaron un primer allanamiento de la vivienda de Vladimir Cerrón, el 28 de agosto del año pasado.

En ese entonces, la diligencia fue dispuesta por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos en el marco de las investigaciones por la presunta financiación ilegal de Perú Libre a través de cobros realizados por la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde los funcionarios pedían supuestamente sobornos a los solicitantes de licencias de conducir.

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